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El Gobierno de Aragón y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han firmado este miércoles un convenio para ampliar la cooperación tecnológica en Justicia digital. El acuerdo permitirá a Aragón evaluar e incorporar soluciones estatales cuando resulte conveniente, sin sustituir Avantius como sistema de gestión procesal.
Aragón podrá acceder a soluciones estatales para avanzar en Justicia digital
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, suscribieron el convenio en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El marco establece fórmulas de cooperación e interoperabilidad entre ambas administraciones para facilitar el uso de herramientas tecnológicas comunes.
Aragón podrá acceder a estas soluciones mediante cesión de código, acceso y uso con tratamiento de datos alojados en infraestructuras ministeriales, o acceso y uso sin tratamiento de datos por parte del Ministerio. La comunidad decidirá qué aplicaciones o servicios incorpora del directorio general de aplicaciones, tras la correspondiente valoración técnica y funcional.
La firma no activa de forma automática la implantación de ninguna herramienta concreta. Los compromisos se limitarán a las soluciones que Aragón seleccione en cada caso, dentro de un modelo de cesión gratuita y sin contraprestación financiera entre las partes. No obstante, podrán analizarse costes vinculados a derechos de uso, infraestructuras, integración, adaptación o soporte.
LexNET, Carpeta Justicia y Cl@ve Justicia, entre los servicios incluidos
El convenio contempla herramientas como LexNET, destinada a las comunicaciones electrónicas con operadores jurídicos; Carpeta Justicia, como canal digital de relación con la ciudadanía; y Cl@ve Justicia, para la identificación electrónica segura.
El acuerdo también abarca sistemas de interoperabilidad judicial, archivo y expediente electrónico, grabación de vistas, apostilla electrónica, plataformas de análisis de datos y otros servicios de apoyo a la actividad judicial y fiscal. Aragón podrá acceder además a actualizaciones, soporte técnico, documentación y formación de formadores asociados a las soluciones seleccionadas.
La cooperación busca evitar desarrollos duplicados cuando exista una alternativa estatal adecuada y ampliar las opciones tecnológicas disponibles para necesidades concretas. El objetivo es reforzar la conexión entre territorios, órganos judiciales, fiscalías, profesionales y ciudadanía.
El acuerdo mantiene Avantius y crea órganos de seguimiento durante cuatro años
El convenio no supone la sustitución de Avantius, que seguirá siendo el sistema de gestión procesal vigente en Aragón. La comunidad mantiene su apuesta por su desarrollo, evolución funcional, seguridad, interoperabilidad y adaptación a las necesidades de la Administración de Justicia.
La incorporación de servicios estatales pretende mejorar la interconexión con Avantius y facilitar una mayor interoperabilidad del sistema aragonés. Aragón conservará la capacidad de decidir qué soluciones necesita y cómo se integran en sus propios sistemas.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable de forma expresa por periodos anuales hasta un máximo adicional de cuatro años. Una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control y un Comité Técnico coordinarán y supervisarán las actuaciones derivadas del convenio.
