Las asociaciones Tedae y Aesmide han reclamado una transformación de los procesos de adquisición de defensa para reducir los plazos entre la identificación de una necesidad operativa y la entrega de la capacidad. Sus presidentes expusieron sus propuestas en el Foro 2E+I del Ejército de Tierra, en Toledo, donde defendieron una planificación estable y una coordinación más temprana entre las Fuerzas Armadas, los responsables de contratación y las empresas.
El presidente de Tedae, Alberto Gutiérrez, sostuvo que la rapidez de entrega debe considerarse una capacidad por sí misma. “No basta con desarrollar una capacidad, tiene que llegar cuando se necesita”, afirmó. A su juicio, los procesos requieren más flexibilidad, previsibilidad y financiación para que las empresas puedan acelerar los desarrollos y responder a necesidades que pueden cambiar antes de que finalice un programa.
Gutiérrez vinculó los plazos con la eficiencia económica al advertir de que “una solución barata que llega tarde no sirve”. Para reducir revisiones posteriores, propuso incorporar desde las primeras fases al usuario, al desarrollador y al responsable de adquisición. También señaló la necesidad de conectar el talento y las tecnologías disponibles en España con las demandas de las Fuerzas Armadas.
El presidente de Tedae incluyó el sostenimiento entre los elementos que deben contemplarse durante todo el ciclo de vida. Según su planteamiento, el proceso no termina con el desarrollo y la entrega de un sistema, sino que debe asegurar su disponibilidad y evolución posteriores.
Revisión de los procedimientos de contratación
El presidente de Aesmide, Gerardo Sánchez, centró su intervención en el marco regulatorio y contractual que rige la relación entre la Administración y las empresas. “La tecnología evoluciona más deprisa que determinados procedimientos administrativos”, señaló. La asociación reclama mecanismos más ágiles que permitan incorporar avances tecnológicos sin prescindir de las garantías legales de la contratación pública.
Sánchez también defendió una relación más previsible entre la Administración y la industria, así como una mejor identificación de las capacidades disponibles en el tejido empresarial español. En este ámbito, apostó por consorcios y alianzas que combinen la tecnología aportada por pymes y empresas emergentes con la capacidad industrial y de integración de las grandes compañías.
