La Fundación Basilio Paraíso cuantifica un impacto histórico: hasta 5.000 millones de euros anuales y 9.000 empleos estables cuando entren en operación. La comunidad se situará como el tercer hub de datos de Europa, solo por detrás de Londres y Frankfurt.
La economía aragonesa se encuentra en la antesala de una transformación de magnitudes históricas. El reciente informe de la Fundación Basilio Paraíso revela que la llegada masiva de centros de datos a la comunidad generará un impacto equivalente al diez por ciento de su PIB actual, con una aportación anual que oscilará entre los 4.000 y 5.000 millones de euros. Con más de 47.000 millones de euros comprometidos hasta 2035, Aragón se prepara para competir de tú a tú con los grandes hubs europeos de Londres y Frankfurt, superando ya en proyección a capitales tecnológicas como París y Dublín.
La fundación, vinculada a la Cámara de Comercio de Zaragoza, ha puesto cifras a un fenómeno que hasta ahora se intuía en los anuncios de gigantes como Amazon Web Services, Microsoft o Blackstone. Según sus cálculos, la región se situará en el tercer puesto del ránking europeo de capacidad instalada, con más de 2.500 megavatios destinados a procesamiento de datos, un volumen que la convierte en actor principal de la nueva economía digital.
Por cada millón de euros de inversión en centros de datos contratado directamente a empresas aragonesas, se generan aproximadamente 1,35 millones de euros de actividad económica total en la región.
El impacto no será inmediato, sino que se desplegará en dos tiempos bien diferenciados. En la fase de construcción, que se extenderá hasta 2035, Aragón vivirá una inyección de capital sin precedentes, con un pico de inversión entre 2026 y 2029 que podría alcanzar el 16,8% del PIB regional en un solo año. Solo en este periodo, la construcción de infraestructuras generará entre 7.900 y 10.800 millones de euros de riqueza nueva, arrastrando a sectores como la ingeniería, la industria metalúrgica o la construcción de materiales.
La segunda etapa llegará con la operación a pleno rendimiento de los centros. Será entonces cuando el territorio consolide un motor estructural de actividad capaz de aportar de manera estable hasta 982 millones de euros anuales al PIB y mantener un gasto operativo cercano a los 2.400 millones, de los que aproximadamente dos tercios podrán ser absorbidos por empresas aragonesas. En este punto, el efecto multiplicador es claro: por cada millón de euros invertido o gastado en Aragón, se generan 1,35 millones de euros de actividad económica en la región.
Uno de los elementos más debatidos desde el anuncio de las inversiones ha sido la capacidad de estas infraestructuras para crear empleo. Frente al escepticismo inicial, el informe demuestra que la magnitud del fenómeno es considerable. En la fase de construcción, la demanda laboral podría alcanzar entre 136.000 y 187.000 empleos equivalentes a tiempo completo a lo largo de la próxima década, con picos de más de 20.000 puestos en los años de mayor intensidad. Una vez en operación, los centros darán trabajo directo a entre 3.150 y 4.500 profesionales altamente cualificados —ingenieros, técnicos informáticos, especialistas en instalaciones—, con un salario bruto medio de 42.000 euros. A ello se sumará el efecto arrastre sobre la economía, que permitirá elevar la cifra total hasta los 9.000 empleos estables. “Nos adentramos en la época de mayor prosperidad económica de nuestra historia”, proclamó el presidente aragonés, Jorge Azcón, al conocer los resultados.
La inversión transforma a Aragón de ser un gran exportador de energía renovable a ser un gran productor y autoconsumidor de energía renovable, consolidando su estatus de hub energético.
Las arcas públicas también se verán reforzadas. El estudio estima que en los próximos diez años las administraciones aragonesas ingresarán entre 860 y 1.200 millones de euros gracias a estas inversiones, mientras que los ayuntamientos de los municipios implicados podrán recaudar hasta 392 millones, principalmente vía IBI. Con esos recursos adicionales, subrayó Azcón, “será posible construir hospitales, colegios o viviendas protegidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos”.
Pero no todo son luces. El informe subraya con claridad los desafíos que deberán afrontarse para que esta ola de inversión no descarrile. El más urgente es garantizar el acceso a la red eléctrica. Aunque Aragón produce casi el doble de la energía que consume y lidera en renovables, la capacidad de conexión es limitada y la tramitación estatal avanza con lentitud. El propio Azcón reconoció que la viabilidad de los proyectos depende de que el Ministerio de Transición Ecológica acelere las inversiones en transporte eléctrico.
El consumo energético proyectado es de entre 2.900 y 3.400 megavatios, lo que equivale a la mitad de la demanda eléctrica regional prevista para 2030. No obstante, la apuesta por contratos de suministro renovable y la integración de nuevas plantas solares y eólicas permiten plantear un escenario asumible, en el que la comunidad dejaría de ser solo exportadora de energía para convertirse en gran autoconsumidora de renovables. El agua, otro de los asuntos sensibles, tendrá un impacto equivalente a entre un 7,6% y un 22,9% del consumo anual de Zaragoza. Para mitigarlo, los promotores planean recurrir a tecnologías de refrigeración eficientes y al uso de agua regenerada, lo que situaría a Aragón en la vanguardia de la sostenibilidad en este sector.
En el plano internacional, la apuesta aragonesa se compara ya con polos consolidados como el “Data Center Alley” de Virginia, el clúster de Frankfurt o el modelo irlandés. Todos ellos muestran cómo una concentración de infraestructuras digitales puede reconfigurar la economía de un territorio, atrayendo empresas de inteligencia artificial, biotecnología o fintech. Aragón aspira a replicar ese “efecto gravitacional” y revertir el retroceso histórico de su sector TIC, que ha perdido un 40% de cuota nacional desde el año 2000.
La Fundación Basilio Paraíso propone medidas para consolidar este camino: desde la creación de un observatorio independiente que monitorice el desarrollo, hasta la puesta en marcha de un fondo de inversión alimentado con los ingresos fiscales de los centros, pasando por un plan director que defina la estrategia a largo plazo.
En definitiva, Aragón ha decidido dar un salto que trasciende lo económico para situarse como nodo clave de la soberanía digital europea. El reto es monumental, pero la oportunidad también lo es. La región que hasta ahora se conocía como centro logístico del sur de Europa está llamada a convertirse en una de las capitales globales del dato.
