Los nuevos centros de datos deberán cubrir cada hora al menos el 80% de su consumo eléctrico con generación renovable adicional, cumplir mayores exigencias de eficiencia energética y acreditar que operan bajo condiciones de seguridad y soberanía digital dentro de la Unión Europea. El Gobierno prepara una regulación específica para ordenar la expansión de un sector que se ha convertido en uno de los principales focos de inversión asociados al desarrollo de la inteligencia artificial.
La futura norma también pretende evitar que las solicitudes de conexión ocupen capacidad de la red durante años sin que los proyectos lleguen a construirse. El Ejecutivo quiere priorizar las iniciativas con mayor solidez financiera, viabilidad técnica y garantías de ejecución, en un momento en el que la demanda prevista para los centros de datos supera las previsiones iniciales y compite con otras necesidades industriales y energéticas.
Una regulación para un sector en expansión
El Gobierno llevará a audiencia pública, mediante tramitación urgente, un proyecto de real decreto sobre los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. La norma ha sido elaborada por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital y todavía puede sufrir modificaciones durante el proceso de consulta.
La iniciativa responde al fuerte crecimiento de los proyectos vinculados a la inteligencia artificial, la computación en la nube y el almacenamiento de datos. Las estimaciones del sector sitúan en torno a 70.000 millones de euros las inversiones que podrían movilizarse en España hasta el final de la década, aunque buena parte de esa cifra corresponde a proyectos anunciados y no a instalaciones ya construidas.
Esa diferencia entre anuncios, solicitudes de conexión y proyectos efectivamente ejecutados explica la preocupación del Gobierno. La proliferación de iniciativas puede generar una burbuja de expectativas si la capacidad eléctrica, los permisos, la financiación y los plazos de construcción no permiten desarrollar al mismo tiempo todas las instalaciones previstas.
El 80% deberá ser renovable y adicional
Una de las principales novedades afecta al suministro eléctrico. Los centros de datos con una potencia superior a un megavatio deberán acreditar que al menos el 80% de la electricidad que consumen procede de fuentes renovables durante cada hora de funcionamiento.
No será suficiente con contratar electricidad renovable ya existente o con presentar certificados de garantía de origen. El proyecto incorpora un criterio de adicionalidad: cada nuevo megavatio de demanda asociado al centro de datos deberá estar respaldado por un megavatio de nueva generación renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento de la instalación.
La obligación podrá cumplirse mediante instalaciones propias o a través de acuerdos de compraventa de electricidad a largo plazo, conocidos como PPA. Pero esos contratos deberán demostrar que existe nueva capacidad renovable vinculada al consumo del centro de datos y que esa generación puede acompasarse con la demanda.
El requisito del 80% permanecerá vigente mientras las energías renovables no representen más del 90% del mix eléctrico nacional. La propuesta pretende evitar que la llegada de grandes consumidores obligue al sistema a recurrir a generación fósil o desplace electricidad renovable que ya estaba destinada a otros usuarios.
Más eficiencia energética e hídrica
El real decreto también elevará los estándares de eficiencia energética y de consumo de agua. Los centros de datos de más de un megavatio deberán cumplir los niveles más exigentes y estarán sujetos a un sistema de clasificación similar al etiquetado energético utilizado en otros equipos e instalaciones.
El objetivo es que la expansión de la capacidad informática no se traduzca en un aumento desproporcionado del consumo de electricidad y agua. La cuestión es especialmente relevante en los centros destinados a inteligencia artificial, cuyas cargas de trabajo requieren una elevada densidad de potencia y sistemas de refrigeración más intensivos.
La regulación establecerá además criterios de resiliencia para garantizar que las instalaciones puedan mantener sus servicios ante interrupciones de suministro, fallos técnicos o incidentes de seguridad.
La red eléctrica, principal cuello de botella
El acceso a la red se ha convertido en uno de los principales límites para el desarrollo de los centros de datos en España. El Gobierno señala que actualmente existen alrededor de seis gigavatios de capacidad en la red de transporte y otros seis gigavatios en la red de distribución destinados a este tipo de instalaciones.
Estas cifras deben interpretarse con cautela. La capacidad de las redes de transporte y distribución no equivale automáticamente a 12 gigavatios disponibles para consumo simultáneo, ya que ambas magnitudes pertenecen a niveles distintos del sistema eléctrico. Sí reflejan, sin embargo, el volumen de solicitudes y reservas asociado a un sector en rápida expansión.
La Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno estimaba que los centros de datos necesitarían entre 3,5 y 4 gigavatios de demanda eléctrica en 2030. La cantidad de capacidad solicitada o reservada supera ampliamente esa previsión, aunque no todas las peticiones corresponden a proyectos maduros ni todas acabarán convirtiéndose en consumo real.
El Ejecutivo ha introducido mecanismos para evitar que los promotores reserven capacidad durante años sin avanzar en la construcción de sus instalaciones. Los solicitantes deben identificar la actividad para la que necesitan la conexión y asumir costes crecientes mientras mantienen la capacidad sin utilizar. El objetivo es liberar espacio para los proyectos que acrediten una intención real de inversión y capacidad técnica y financiera para ejecutarse.
Soberanía digital y control de los datos
Las nuevas exigencias no serán exclusivamente energéticas. El proyecto de real decreto incorpora también criterios relacionados con la soberanía digital, una cuestión cada vez más relevante a medida que los centros de datos sostienen servicios empresariales, administraciones públicas y sistemas de inteligencia artificial.
Las instalaciones deberán estar operadas por entidades establecidas en la Unión Europea y mantener dentro del territorio comunitario la información relacionada con su operación. La norma pretende, además, limitar el acceso de autoridades de terceros países cuando ese acceso no esté amparado por la legislación europea.
Las exigencias serán especialmente relevantes para los centros que almacenen información de administraciones públicas o datos relacionados con infraestructuras críticas y seguridad nacional. La regulación busca evitar que una instalación situada físicamente en España quede sometida, por la estructura societaria de su operador, a obligaciones que permitan a gobiernos externos acceder a información protegida.
Los promotores deberán acreditar inicialmente el cumplimiento de estas condiciones mediante declaraciones responsables. Posteriormente se realizarán verificaciones y los incumplimientos podrán dar lugar a penalizaciones, sanciones e incluso, en los casos más graves, a la pérdida del acceso a la red eléctrica.
Aragón prepara sus alegaciones
La futura regulación tiene una importancia especial para Aragón, que en los últimos años ha atraído grandes proyectos relacionados con centros de datos y otras infraestructuras digitales. La comunidad reúne disponibilidad de suelo, una importante capacidad renovable y una posición estratégica para las conexiones de telecomunicaciones, pero también afronta las limitaciones de la red eléctrica y la necesidad de ampliar infraestructuras.
El Gobierno de Aragón ha anunciado que presentará las alegaciones que considere oportunas. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha criticado que el Ejecutivo central no haya remitido todavía el borrador a las comunidades autónomas ni haya contado con ellas durante la preparación de la norma.europapress+1
La posición del Gobierno aragonés es que parte del problema actual deriva de una planificación insuficiente de las infraestructuras eléctricas para atender el rápido crecimiento de la demanda. También teme que los nuevos criterios puedan poner en riesgo inversiones previstas en la comunidad o introducir incertidumbre en proyectos que ya han avanzado en sus trámites.
El Gobierno central sostiene, por el contrario, que la demanda de conexiones ha superado ampliamente las previsiones y que es necesario establecer un sistema de selección. La prioridad será para los proyectos que ofrezcan mayores garantías de ejecución, eficiencia energética, sostenibilidad y protección de los datos.
Entre la oportunidad y la selección
La tramitación del real decreto abre ahora un periodo de consulta en el que podrán participar las empresas, las comunidades autónomas y las organizaciones del sector. La norma todavía no está aprobada y sus condiciones definitivas dependerán de las alegaciones y de los cambios que se introduzcan durante el procedimiento.
El debate refleja una tensión que afecta a toda la economía digital. España quiere atraer inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y convertirse en un destino relevante para los centros de datos, pero no puede conceder capacidad eléctrica ilimitada a proyectos cuya ejecución todavía no esté garantizada.
El reto consistirá en encontrar un equilibrio entre la rapidez que exige la expansión tecnológica y los límites físicos del sistema eléctrico. La nueva regulación pretende que cada centro de datos que se construya tenga detrás una inversión real, nueva generación renovable, capacidad suficiente de red y garantías de seguridad digital.
Para Aragón, el resultado será especialmente importante. La comunidad puede beneficiarse de una nueva oleada de inversiones industriales y tecnológicas, pero tendrá que demostrar que sus proyectos no solo disponen de suelo y financiación, sino también de energía, agua, redes y plazos de ejecución realistas.
