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El Consejo de Gobierno de Aragón ha dado luz verde al convenio con el Gobierno de España para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que contempla una inversión conjunta de 73 millones de euros. Este acuerdo busca impulsar el desarrollo económico de la provincia de Teruel, abordando los desequilibrios estructurales que afectan a la región.
El nuevo convenio marca un aumento notable en las aportaciones anuales, pasando de 30 a 36,5 millones de euros por parte de cada gobierno. Este incremento se verá reflejado de manera más evidente en 2026, cuando la inversión total ascenderá a 86 millones de euros. Este ajuste en la financiación es el resultado de una reunión bilateral entre ambos gobiernos, promovida por el presidente aragonés Jorge Azcón.
Selección y ejecución de proyectos
El Gobierno de Aragón tiene la responsabilidad de seleccionar los proyectos que recibirán financiación, con la condición de que estén aprobados antes de finalizar 2025. Cada proyecto debe tener un coste mínimo de 125.000 euros, y las acciones deben justificarse antes del 31 de diciembre de 2028. El convenio permite financiar tanto proyectos individuales como conjuntos de actuaciones que compartan un objetivo común.
El acuerdo establece once líneas de inversión, que incluyen infraestructuras de transporte, iniciativas empresariales en sectores como la industria, agroalimentación y turismo, así como infraestructuras para empresas y protección ambiental. También se contemplan inversiones en sociedad de la información, cohesión social, cultura, equipamientos deportivos, proyectos tecnológicos y espaciales, desarrollo de zonas rurales despobladas y recuperación de la memoria democrática.
Los proyectos estratégicos, aquellos que superen los 3 millones de euros o que hayan recibido más de 6 millones en los tres convenios anteriores, podrán ser declarados como tales. Además, se reserva una parte de la dotación para infraestructuras educativas y sanitarias. El convenio permite la modificación, sustitución e incorporación de nuevos proyectos durante su ejecución, siempre con la autorización de la Intervención General.
