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Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria han unido posiciones para exigir al Gobierno de España un Corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones en todo su recorrido. La Declaración de Teruel, firmada el 29 de septiembre de 2026, reclama una infraestructura de doble vía, electrificada, interoperable y preparada para transportar viajeros y mercancías.
Cuatro autonomías reclaman un corredor ferroviario integral entre el Cantábrico y el Mediterráneo
El presidente de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, han suscrito un documento conjunto para defender el corredor como una infraestructura integral, y no como una suma de tramos independientes.
Los firmantes plantean un eje ferroviario capaz de vertebrar los territorios y favorecer un transporte competitivo de mercancías y pasajeros. La declaración rechaza que la vía única se consolide como solución definitiva, al entender que limitaría la capacidad de crecimiento y el potencial estratégico de la conexión.
La firma se produjo en la Plaza del Torico de Teruel, tras la jornada La hora del corredor, de mar a mar, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos. El encuentro reunió a representantes institucionales, empresas, autoridades portuarias y expertos del sector ferroviario y logístico.
El programa abordó la posición de las ciudades, el análisis técnico del corredor, el papel de los puertos y las plataformas logísticas, la multimodalidad y las expectativas empresariales. También participaron la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste; y las alcaldesas de Zaragoza y Huesca, Natalia Chueca y Lorena Orduna.
Las comunidades cuestionan la vía única prevista entre Teruel y Sagunto
Jorge Azcón centró parte de su intervención en el estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto, que contempla una vía única, velocidades máximas de 140 kilómetros por hora y de 100 kilómetros por hora en la variante de Teruel. El presidente aragonés sostuvo que esta propuesta rebaja las prestaciones necesarias para el conjunto del eje.
Azcón reclamó la retirada del actual estudio y su sustitución por otro que responda a las necesidades presentes y futuras del corredor y a las exigencias de la Red Transeuropea de Transporte. También pidió al ministro de Transportes, Óscar Puente, que explique el cambio respecto a planteamientos anteriores basados en la doble vía.
Juan Francisco Pérez Llorca defendió que el proyecto debe funcionar como una red entre el Mediterráneo, el Atlántico y el Cantábrico, tanto para mercancías como para viajeros. Recordó que el corredor fue anunciado en 2011 y que distintas decisiones en la Comunidad Valenciana se adoptaron bajo la previsión de que la infraestructura tendría altas prestaciones en todo su trazado.
Alfonso Fernández Mañueco pidió una planificación ferroviaria con una visión global, mientras que Roberto Media exigió una inversión definitiva y diseñada a largo plazo. El consejero cántabro advirtió de que las inversiones perderían sentido si el resultado final no ofreciera un corredor solvente.
La Declaración de Teruel exige doble vía, ancho internacional y ejecución urgente
El documento plantea que el futuro Corredor Cantábrico-Mediterráneo sea una infraestructura de alto rendimiento, fluida y plenamente interoperable, con doble vía y ancho internacional. Las cuatro comunidades reclaman además su integración en los Corredores Europeos de Transporte y una ejecución urgente que vaya más allá de las mejoras, modernizaciones y electrificaciones realizadas en los últimos años.
La declaración vincula esta reivindicación al Reglamento europeo 2024/1679 sobre el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. También defiende que las inversiones públicas respeten el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades, evitando que decisiones coyunturales condicionen el desarrollo de los territorios.
Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria se comprometen a mantener una posición común para reclamar las inversiones necesarias. El texto atribuye al corredor potencial para reforzar el desarrollo industrial, logístico, portuario, turístico y agroalimentario de los territorios conectados.
La Declaración de Teruel concluye con un mensaje dirigido a la Administración General del Estado: las comunidades firmantes rechazan soluciones de mínimos y reclaman una infraestructura ferroviaria con capacidad para las próximas décadas, basada en la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.
