En una decisión que podría redefinir los límites territoriales entre las comunidades autónomas de Aragón y Castilla-La Mancha, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha emitido un dictamen favorable a la provincia de Teruel en su disputa territorial con Cuenca. El contencioso, que concierne a un monte de entre 2.000 y 3.000 hectáreas cerca del nacimiento del río Tajo, podría concluir con un cambio en el mapa autonómico español, pendiente de ratificación por el Consejo de Ministros.
La disputa se remonta a más de un siglo, cuando en 1897 y posteriormente en 1909, se intentó sin éxito delimitar la frontera interprovincial. Esta zona ha mantenido límites provisionales desde entonces, marcando también la divisoria entre Aragón y Castilla-La Mancha. La raíz del conflicto radica en los argumentos contrapuestos del Ayuntamiento de Cuenca, que alega que el límite provincial debe seguir el curso del Tajo, y el Ayuntamiento de Albarracín, que sostiene que el terreno disputado es de su jurisdicción y, por ende, pertenece a Teruel.
El reciente informe del IGN se decanta por la postura de Albarracín, argumentando que ha demostrado ejercicio de jurisdicción sobre los terrenos en disputa “sin objeciones por parte del municipio de Cuenca”. Este dictamen se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en dictámenes previos del Consejo de Estado.
De confirmarse este dictamen, se modificarían no solo los límites entre Albarracín y Cuenca, sino también entre las provincias implicadas y sus respectivas comunidades autónomas, actualmente delimitadas por el curso del Tajo en el área conocida como El Entredicho. Esta resolución ha llevado al Ayuntamiento de Cuenca a impugnar unánimemente la propuesta, sin descartar recurrir a la justicia.
Este conflicto territorial ha sido un tema de discusión recurrente, especialmente en lo que respecta a la Vega del Tajo. En 1998, un intento de Castilla-La Mancha por aplicar su Plan de Ordenación de Recursos Naturales en la zona en disputa reavivó las tensiones entre las comunidades. La franja en cuestión se extiende a lo largo de 12,7 kilómetros con una anchura máxima de 1,8 kilómetros, situada en el margen izquierdo del nacimiento del Tajo.
La resolución final de esta disputa histórica, aún pendiente de la ratificación por el Consejo de Ministros, podría tener significativas repercusiones territoriales y administrativas para las comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha.
