El acuerdo anunciado por Donald Trump contempla inversiones privadas estadounidenses cercanas a los 100.000 millones de dólares y derechos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. Chevron ya negocia ampliar sus operaciones en un país cuya recuperación petrolera exigirá años de inversión.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero buena parte de esa extraordinaria riqueza permanece bajo tierra mientras su industria arrastra años de deterioro, falta de inversión y pérdida de capacidad productiva. Estados Unidos quiere ahora aprovechar ese potencial y abrir una nueva etapa para sus compañías petroleras, con un plan que, según lo anunciado por Donald Trump, podría movilizar cerca de 100.000 millones de dólares de inversión privada.
El presidente estadounidense anunció el 28 de agosto un acuerdo relacionado con 17 campos petrolíferos venezolanos que otorgaría a Estados Unidos derechos mayoritarios sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Reuters, que ha informado sobre los términos conocidos del plan, señala que las compañías estadounidenses podrían invertir alrededor de 100.000 millones de dólares para desarrollar esos activos.
La magnitud de las cifras permite hacerse una idea del negocio potencial, pero también obliga a separar los recursos existentes bajo tierra de la capacidad real para extraerlos. Venezuela contabiliza alrededor de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, según los últimos datos publicados por la OPEP, pero su producción actual está muy lejos de corresponderse con ese patrimonio petrolero. Recuperar campos e instalaciones después de años de baja inversión requerirá capital, tecnología y tiempo.
Para las grandes compañías estadounidenses, ese deterioro representa al mismo tiempo el principal obstáculo y una oportunidad empresarial. Reactivar la industria venezolana implica intervenir en campos maduros, perforación, instalaciones de producción y transporte y numerosos servicios asociados a la explotación petrolera. El negocio no estaría, por tanto, únicamente en los barriles que finalmente lleguen al mercado, sino también en la enorme inversión necesaria para volver a poner en condiciones una infraestructura que durante años ha trabajado por debajo de su potencial.
Chevron mueve ficha
Los primeros movimientos empresariales permiten observar hacia dónde puede dirigirse el proceso. Chevron, que ha mantenido presencia en Venezuela incluso durante los años de sanciones y restricciones estadounidenses, está cerca de completar un acuerdo para reorganizar y ampliar sus proyectos en el país, según informó Reuters citando fuentes conocedoras de las negociaciones.
La operación contempla cambios relacionados con Petropiar y una posible expansión hacia nuevas áreas de la Faja del Orinoco, donde se concentra una parte considerable de los enormes recursos venezolanos de crudo pesado. El movimiento situaría a Chevron en una posición especialmente relevante si finalmente se produce una apertura de mayor alcance a las inversiones estadounidenses.
También se están produciendo movimientos en el ámbito de los servicios petroleros. SLB alcanzó recientemente un acuerdo con la estatal PDVSA relacionado con el acceso y modernización de información técnica de los yacimientos venezolanos. Son pasos todavía muy alejados de los 100.000 millones anunciados, pero muestran que el interés empresarial estadounidense por el sector venezolano ya empieza a traducirse en operaciones concretas.
El atractivo de Venezuela no se explica únicamente por el volumen de sus reservas. Buena parte de su petróleo es crudo pesado, un tipo de materia prima para cuyo procesamiento determinadas refinerías estadounidenses, especialmente las situadas en la costa del Golfo, cuentan históricamente con instalaciones adecuadas. Recuperar un suministro más estable desde Venezuela puede tener, por tanto, un valor industrial además de estratégico.
Un negocio condicionado por años de deterioro
La dimensión del proyecto tampoco debería confundirse con una recuperación inmediata de la producción venezolana. Tener acceso a decenas de miles de millones de barriles de reservas no significa poder colocarlos rápidamente en el mercado. La industria necesita inversiones continuadas para recuperar instalaciones, aumentar la perforación y garantizar el funcionamiento de toda la cadena que lleva el petróleo desde el yacimiento hasta su exportación.
A ello se añade la incertidumbre jurídica. Especialistas consultados por Reuters han planteado dudas sobre el encaje del acuerdo anunciado por Trump con el marco constitucional y petrolero venezolano. Los detalles públicos disponibles tampoco permiten determinar todavía cómo se articularían exactamente los derechos estadounidenses sobre los campos afectados ni en qué condiciones participarían las empresas privadas.
Son interrogantes importantes porque los 100.000 millones de dólares mencionados no constituyen un fondo aprobado por el Gobierno estadounidense ni una inversión que las compañías hayan comprometido ya. Se trata del volumen de inversión privada que, según el anuncio de Trump, podría movilizar el desarrollo de los activos incluidos en el acuerdo. Convertir esa expectativa en proyectos efectivos dependerá de las condiciones económicas, jurídicas y operativas que encuentren las petroleras.
El momento internacional, sin embargo, juega a favor de recuperar nuevas fuentes de suministro. Las tensiones en Oriente Medio y los riesgos que afectan a algunas de las principales rutas energéticas han vuelto a colocar la seguridad del abastecimiento en el centro de las decisiones políticas y empresariales. Estados Unidos continúa siendo el mayor productor mundial de petróleo, con una media récord de 13,6 millones de barriles diarios en 2025, pero acceder al crudo venezolano ampliaría sus alternativas de suministro y reforzaría su influencia sobre una de las principales reservas mundiales.
Ahí reside buena parte de la dimensión económica del acuerdo. Venezuela necesita inversiones de enorme magnitud para recuperar su industria y Estados Unidos dispone de compañías con capital, tecnología y experiencia para participar en ese proceso. Si el marco anunciado por Trump termina convirtiéndose en proyectos viables, las petroleras estadounidenses tendrían delante uno de los mayores procesos de recuperación de activos petroleros de los últimos años.
Los 100.000 millones de dólares permiten dimensionar esa oportunidad, pero todavía no describen una realidad consumada. El verdadero alcance del negocio dependerá de cuánto capital estén finalmente dispuestas a comprometer las compañías, de las condiciones que se establezcan para operar en Venezuela y, sobre todo, de cuánto petróleo adicional pueda regresar al mercado. La carrera empresarial acaba de comenzar.
