El presidente estadounidense ha difundido un mapa en el que sustituye la palabra «México» por «América», una propuesta que se suma a otros cambios de denominación geográfica impulsados durante su segundo mandato. El Gobierno federal, sin embargo, no puede modificar unilateralmente el nombre de un estado.
Donald Trump ha vuelto a situar los nombres geográficos en el centro de la conversación política estadounidense. El presidente de Estados Unidos ha planteado que Nuevo México pase a denominarse «Nueva América» y ha difundido en sus redes sociales una imagen del contorno del estado en la que la palabra «México» aparece tachada y sustituida por «América».
La publicación fue posteriormente compartida por la Casa Blanca en su cuenta de X, aunque por el momento no se ha traducido en un procedimiento formal para modificar el nombre del estado. Reuters señala que Trump presentó la denominación como una idea recibida de sus seguidores y la calificó de «prestigiosa» y «bonita».
La propuesta llega pocos días después de que el presidente firmara, el 27 de agosto, una orden ejecutiva para que el Gobierno federal estadounidense pase a denominar «Lago América» al lago Ontario, compartido por Estados Unidos y Canadá. La Casa Blanca incluye oficialmente esta orden entre las acciones presidenciales de agosto de 2026.
Un nuevo episodio en la política de cambio de nombres
No es la primera vez que Trump promueve modificaciones de este tipo. Al comienzo de su segundo mandato ordenó que las agencias federales estadounidenses utilizaran la denominación «Golfo de América» para referirse al golfo de México. También ha recuperado el nombre de monte McKinley para el Denali, en Alaska, y más recientemente ha sugerido denominar «Estrecho de Trump» al estrecho de Ormuz.
La iniciativa sobre Nuevo México presenta, sin embargo, una diferencia fundamental. El presidente puede ordenar cambios en la nomenclatura utilizada por determinadas agencias federales para accidentes geográficos, pero no dispone de autoridad constitucional para cambiar unilateralmente el nombre de uno de los estados que integran Estados Unidos. Un eventual cambio tendría que partir del propio estado, por lo que la propuesta difundida por Trump tiene, por ahora, un carácter esencialmente político y simbólico.
La gobernadora de Nuevo México, la demócrata Michelle Lujan Grisham, ha rechazado la posibilidad. Su respuesta ha incidido además en la profundidad histórica de una denominación que precede a la propia existencia de Estados Unidos como país. El nombre de Nuevo México hunde sus raíces en el periodo de presencia española en Norteamérica, mucho antes de que el territorio se incorporara a Estados Unidos en el siglo XIX.
Un nombre con siglos de historia
La cuestión tiene una dimensión histórica especialmente relevante. Nuevo México no recibió su nombre como consecuencia de su posterior proximidad al México independiente. La denominación procede de la época colonial española y se utilizaba siglos antes de la creación de los actuales Estados Unidos y México.
El territorio permaneció posteriormente bajo soberanía mexicana tras la independencia de México y pasó a formar parte de Estados Unidos después de la guerra entre ambos países y del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Nuevo México se convirtió finalmente en el 47.º estado de la Unión en 1912. Esa trayectoria explica la importante presencia de la herencia hispana y mexicana en su identidad cultural y social.
La propuesta presidencial adquiere así un significado que va más allá de una simple modificación cartográfica. El nombre de Nuevo México forma parte de una historia vinculada sucesivamente a las culturas indígenas, la presencia española, México y Estados Unidos, y constituye uno de los testimonios más visibles de la compleja formación histórica del suroeste estadounidense.
Por el momento, no existe un proceso legal en marcha para sustituirlo. Lo que sí confirma la iniciativa es la continuidad de una práctica que Trump ha utilizado en diferentes momentos de su segundo mandato: recurrir a los nombres geográficos como elementos de identidad nacional y de comunicación política. El caso de Nuevo México presenta, no obstante, un límite que no existía en algunos de los episodios anteriores: cualquier modificación efectiva dependería del propio estado y no únicamente de una decisión de la Casa Blanca.
