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El Gobierno ha aprobado la distribución de 226 millones de euros entre las comunidades autónomas para impulsar la agricultura y el desarrollo rural. Este reparto, acordado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, busca mejorar la competitividad del sector agroalimentario y promover un desarrollo territorial equilibrado.
Reparto de fondos para el desarrollo rural y la agricultura
La principal partida, de 158,2 millones de euros, está destinada al desarrollo rural dentro del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. Estos fondos se cofinancian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y aportaciones de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
En el ámbito de la agricultura y ganadería, se han asignado 30,2 millones de euros para mejorar la calidad y competitividad de la producción agraria. De estos, 21 millones se destinan al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias, 4,58 millones para fomentar la apicultura, y cantidades menores para la calidad de variedades vegetales, razas autóctonas y control del rendimiento lechero.
Iniciativas para la promoción de hábitos saludables
Se han asignado 19,4 millones de euros para los programas escolares del curso 2026/2027, enfocados en la promoción del consumo de frutas, hortalizas y leche entre la población infantil. Además, se han reasignado 18,5 millones correspondientes al curso actual 2025/2026, reforzando el compromiso con la educación alimentaria.
Impacto en Aragón y próximas acciones
Aragón recibirá 25,3 millones de euros del total, con una distribución que incluye 23,7 millones para desarrollo rural y fondos específicos para apicultura, calidad de variedades vegetales, razas autóctonas y programas escolares. Estas asignaciones refuerzan el compromiso con el desarrollo sostenible de la región.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado la convocatoria de grupos de trabajo para discutir el plan nacional de aplicación de la PAC a partir de 2028. El Gobierno y las comunidades autónomas mantienen una postura común de oposición a la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la futura PAC, buscando una estructura más favorable para el sector.
