El Gobierno de Aragón va a destinar trece millones de euros de gasto público para acompañar a las subvenciones al establecimiento de jóvenes en el sector agrario y permitir la modernización y mejora de las explotaciones agrarias. Y lo hará a través de una novedosa herramienta, el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera (IFGC-G), que busca dar respuesta a una de las principales necesidades del sector, que es la dificultad de acceso al crédito para la financiación de inversiones agrarias.
“Es una manera de promover un acceso más fácil al crédito a agricultores y ganaderos en mejores condiciones de financiación que las del mercado, haciendo especial hincapié en los jóvenes”, explican fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. “Es un proceso administrativamente más sencillo y ágil que la solicitud de una subvención”, añaden.
El Instrumento Financiero de Gestión Centralizada se encuadra dentro del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027. Está concebido como un mecanismo de apoyo que actúa como fuente de garantías para los destinatarios finales en el medio rural y cuenta con una financiación al 57% por el Gobierno de Aragón, mientras que el 43% restante procede de Fondos Europeos.
Desde el Departamento señalan que el IFGC-G va a ser “una forma de apoyo al sector mediante la oferta de préstamos tipo para realizar inversiones que permitan la modernización y mejora de las explotaciones o gastos de capital circulante para el apoyo al establecimiento de jóvenes, con condiciones preferentes en cuanto al tipo de interés y garantías”.
El IFGC-G permite financiar un amplio abanico de inversiones, tales como la construcción y mejora de instalaciones agrícolas o ganaderas, la compra de maquinaria agrícola, la realización de inversiones de regadío dentro de la parcela o la compra de tierras en el caso de jóvenes. De manera que se podrán realizar préstamos por unos importes comprendidos entre 60.000 euros y 600.000 euros por explotación.
En el caso de la financiación del capital circulante, Aragón la ha enfocado específicamente a los jóvenes agricultores que se establecen en el medio agrario a través de un expediente de establecimiento dentro del PEPAC. De manera que podrán solicitar dichos préstamos garantizados para financiar gastos tales como la compra de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, o la gestión de nóminas entre otros, por un valor mínimo de 15.000 euros y un máximo de 60.000 euros por explotación.
Estos préstamos, una vez analizada la idoneidad de los destinatarios, cuentan con un aval del IFGC-G a través de SAECA correspondiente al 80% de la cuantía, con un límite del 20% de la cartera. Además, como particularidad del IFGC de Aragón, en el caso de los préstamos para las inversiones de modernización y mejora de las explotaciones agrarias, contarán además con una bonificación de los costes de intereses de dos puntos porcentuales durante los cinco primeros años de vigencia del contrato de préstamo.
Otra de las características del IFGC consiste en su efecto multiplicador, es decir que, por cada euro de gasto público aportado por la administración, este se traduce en una capacidad de garantizar de más de seis euros. Lo que en el caso de Aragón supone un potencial de realización de préstamos garantizados por una cantidad de 81 millones de euros.
Una ventaja del IFGC-G es la relativa a los requisitos que deben de cumplir los beneficiarios, que son menos exigentes. De forma que para las solicitudes de préstamos garantizados que financien capital circulante, el IFGC irá destinado a todas aquellas personas físicas que tengan aprobado por el Gobierno de Aragón un expediente de establecimiento en el marco del PEPAC 2023-2027 en Aragón, que se encuentre en fase previa a la certificación final.
En el caso de los préstamos garantizados destinados a las inversiones de modernización y mejora de las explotaciones agrarias, cuando lo solicite un joven deberá de cumplir los requisitos anteriormente mencionados. Para el resto de solicitantes, se exigirá que sean titulares de una explotación agraria en Aragón inscrita en los registros oficiales correspondientes. Además, en el caso de las personas físicas, deberá de estar afiliado al régimen de Seguridad Social agraria correspondiente a su actividad, al menos un año antes de la solicitud. Mientras que, en el caso de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, se tendrá que justificar que su objeto principal sea la actividad agraria.
Por último, respecto a las ventajas de este sistema frente al de las subvenciones, es que la ayuda se recibe antes de realizar la inversión.
Ya ha habido una experiencia previa en España con este modelo de financiación en el anterior Marco Financiero Plurianual 2014-2022 mediante su adhesión por parte de las comunidades autónomas de Castilla León, Galicia y Extremadura a través de sus Programas de Desarrollo Rural. Lo que ha supuesto la realización de más de 1.200 préstamos por un montante global de 194 millones de euros. En el caso de Castilla y León, se ha obtenido un resultado muy satisfactorio ya que, con un montante público de 26 millones de euros, se ha permitido la formalización de préstamos garantizados por una cantidad de 182 millones de euros en dicha comunidad.
Aragón es pionera en la puesta en marcha de este instrumento financiero dentro del PEPAC y lo ha hecho de manera que los interesados puedan solicitar las ayudas del IFGC-G desde la entrada en vigor de la orden, hasta diciembre de 2027. De esta manera, se facilita el acceso al crédito garantizado en cualquier momento. Hasta ahora, diez comunidades autónomas han expresado su voluntad de replicarlo en su territorio.
Proceso de solicitud
El IFGC-G se basa en una colaboración público-privada, en la que cada uno de los intervinientes tiene un rol definido. El agricultor, a través de las entidades financieras adheridas al IFGC realiza la solicitud de ayuda. La Dirección General de Desarrollo Rural a su vez, emite la resolución de derecho de acceso al préstamo que incluye el resultado del informe de viabilidad crediticia de SAECA, comunicándose al Ministerio de Agricultura en forma de Decisión Individual de Inversión. Éste envía una instrucción a SAECA autorizándole a garantizar el préstamo en nombre del IFGC, pudiendo acudir entonces el interesado a la entidad financiera colaboradora para la formalización del préstamo, que se llevará únicamente si la entidad financiera considera viable la operación, según el resultado de sus informes preceptivos de riesgos.
El plazo máximo para formalizar el préstamo en Aragón es de seis meses desde la notificación de la resolución.
“Queremos fomentar que quienes decidan emprender su actividad en el campo planteen proyectos cuya viabilidad esté asegurada”, inciden desde el Departamento.
